El juez avala ampliar la investigación a Zapatero por los 200.000 euros cobrados por una operación de Bolivia

Calama descarta que la UDEF haya abierto una causa general contra el expresidente y rechaza su intento de cegar esta vía de indagaciones sobre presuntas comisiones 15 jul 2026 . Actualizado a las 17:07 h.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha avalado que la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero se extienda a los 200.000 euros que cobró de una sociedad peruana por unas gestiones que la UDEF relaciona con los intereses del Grupo Gloria y de su cementera SOBOCE en Bolivia. El instructor rechaza retirar de la causa el informe policial que abrió este nuevo frente y descarta que los agentes hayan emprendido una investigación general e indiscriminada sobre la vida profesional del expresidente. La defensa había solicitado que el informe 2910/2026 fuera desgajado del procedimiento y devuelto a la UDEF. Su argumento era que Focus Social Research, la empresa que abonó el dinero, no figuraba entre las sociedades inicialmente investigadas en la causa de Plus Ultra y que el análisis de esos pagos suponía una indagación prospectiva, sin límites claros y ajena al objeto fijado en los primeros autos. Calama niega esa lectura. El magistrado sostiene que las transferencias no aparecieron como resultado de una búsqueda indiscriminada para averiguar si Zapatero había cometido cualquier delito, sino durante el examen de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial dentro de una investigación ya en marcha. A partir de ahí, razona, el juzgado no puede ignorar movimientos económicos que presentan apariencia delictiva solo porque no estuvieran previstos cuando comenzó la instrucción. «El perímetro no es un espacio cerrado ni estático», señala la resolución. El juez recoge la doctrina del Tribunal Supremo para recordar que una investigación puede avanzar, profundizar y abrir nuevas líneas cuando surgen datos relacionados con posibles delitos. Pretender que el primer auto de imputación proteja al investigado frente a cualquier indicio posterior constituye, según la jurisprudencia citada por Calama, un «dislate». El auto no declara acreditado que los 200.000 euros fueran una comisión ilegal ni convierte las conclusiones de la UDEF en hechos probados. Sí considera legítimo investigar si el contrato de asesoramiento firmado por Zapatero encubría en realidad una remuneración por gestiones de influencia ante autoridades bolivianas. El origen de la operación se remonta a mayo del 2024. Zapatero suscribió un contrato con Focus Social Research SAC, una compañía peruana dedicada formalmente a estudios de mercado, comunicación, publicidad, relaciones públicas y desarrollo empresarial. El acuerdo le reconocía una remuneración anual de 200.000 euros y añadía una dieta de 10.000 euros diarios si debía viajar o participar en actividades en el extranjero. La empresa asumía además los vuelos en clase ejecutiva, el alojamiento, la manutención y cualquier otro gasto del desplazamiento. Los pagos se realizaron en tres transferencias. La primera, de 100.000 euros, llegó a una cuenta bancaria del expresidente en julio del 2024. Las otras dos, de 50.000 euros cada una, fueron abonadas en junio del 2025. La UDEF sostiene que Focus fue utilizada como sociedad interpuesta y que los destinatarios reales de los servicios eran el Grupo Gloria y SOBOCE, inmersos en importantes litigios con el Estado boliviano. La secuencia documental comienza antes de la firma. El 8 de mayo del 2024, Zapatero recibió en su oficina de Ferraz a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España. Al día siguiente, Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, remitió un borrador del contrato. El 10 de mayo se celebró una nueva reunión en el hotel Santo Mauro y, tres días después, se preparó la primera factura por 100.000 euros. Los documentos que circularon posteriormente no estaban relacionados, según la Policía, con la actividad ordinaria de Focus. Incluían información sobre litigios que afectaban a SOBOCE, reclamaciones tributarias, la nacionalización de participaciones empresariales y una indemnización de más de 100 millones de dólares. A finales de mayo se celebró además una reunión telemática con responsables del Grupo Gloria y de la cementera boliviana. El episodio central se sitúa en septiembre del 2024. Zapatero viajó a Bolivia y mantuvo reuniones con el entonces presidente Luis Arce y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Antes de esos encuentros, su secretaria pidió, por indicación del expresidente, una actualización sobre la situación de SOBOCE. La UDEF destaca también varios mensajes de mayo de 2025. Según el informe, Zapatero habló con Arce y, al día siguiente, Alcázar solicitó el contacto del procurador general de Bolivia. También pidió que le avisaran cuando el presidente hubiera hablado con él para que después Zapatero pudiera llamarle. Posteriormente comunicó que el ministro de Justicia ya había contactado con el procurador y que el expresidente no debía efectuar esa llamada. El 30 de mayo de 2025, un tribunal boliviano estimó un amparo de SOBOCE y dejó temporalmente sin efecto una resolución que obligaba a la empresa a pagar alrededor de 107 millones de dólares. Semanas después, Focus ordenó las dos últimas transferencias, que completaron los 200.000 euros pactados. La Policía interpreta ese encadenamiento como una posible dinámica de intermediación e influencias pagada mediante un contrato de consultoría simulado. La defensa sostiene que Zapatero desarrolla una actividad profesional legítima, que presta asesoramiento internacional, participa en conferencias y mediaciones y declara fiscalmente sus ingresos. Calama considera que esa explicación deberá comprobarse durante la investigación. Que el expresidente cobre por conferencias o consultoría, afirma, no excluye que determinados pagos concretos puedan responder a una naturaleza diferente. Por eso deben analizarse su origen, su contexto, los servicios efectivamente prestados y su relación temporal con las reuniones y gestiones realizadas en Bolivia. «La investigación no se dirige a fiscalizar la vida de José Luis Rodríguez Zapatero», concluye el auto. El instructor mantiene el informe de la UDEF dentro de la causa porque aprecia que los hechos son relevantes y presentan suficiente verosimilitud para continuar las diligencias. La defensa podrá recurrir la resolución y combatir tanto la interpretación policial como la conexión entre el contrato, las gestiones y el desenlace de los litigios de SOBOCE.