La primera sanción a un taxista español obliga a Gibraltar a lanzar un aviso tras la caída de la Verja

La primera denuncia ya se ha producido y el Gobierno de Gibraltar quiere evitar que se convierta en la norma. Apenas unas horas después de la desaparición de la Verja, un taxista español fue denunciado por operar sin licencia en el Peñón, un episodio que ha llevado ahora al Ejecutivo de Fabian Picardo a poner en marcha una campaña informativa dirigida tanto a conductores como a administraciones españolas para dejar claro que la apertura de la frontera no autoriza a los taxis españoles a trabajar en la colonia británica. El ministro principal abordó esta cuestión durante una entrevista en el programa Viewpoint de GBC News, el servicio informativo de la radiotelevisión pública gibraltareña, donde reconoció que uno de los errores cometidos en las primeras horas de aplicación del tratado fue no advertir de forma suficientemente visible las limitaciones que siguen existiendo para el transporte público de viajeros. "Una de las cosas que no hicimos el miércoles, en medio de la euforia por retirar las puertas de la frontera, fue colocar una señal de tráfico muy clara", afirmó Picardo. Esa señal, que ya ha sido encargada, indicará expresamente que los taxis, los servicios públicos de transporte, Uber y Bolt no pueden operar en Gibraltar sin la autorización correspondiente. El jefe del Ejecutivo gibraltareño explicó que muchos conductores españoles pueden actuar "con toda inocencia" al interpretar que la desaparición de la Verja implica la libre circulación de cualquier servicio de transporte. Como ejemplo, planteó el caso de un taxista que recibe la petición de un cliente para llevarlo al aeropuerto o a cualquier punto del Peñón sin saber que ese servicio continúa estando prohibido. Por ese motivo, el Gobierno de Gibraltar iniciará una campaña de comunicación. El ministro de Medio Ambiente, John Cortés, remitirá cartas a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la Junta de Andalucía y a otras administraciones españolas recordando el contenido del tratado en materia de transporte de viajeros. Además, el Ejecutivo contactará directamente con las compañías de taxi, así como con las plataformas Uber y Bolt, para advertirles de que no pueden programar trayectos comerciales con destino o recogida dentro de Gibraltar si el vehículo no dispone de la licencia exigida por las autoridades gibraltareñas. Picardo calificó la situación como uno de los "problemas propios del arranque" del nuevo sistema fronterizo y aseguró que el objetivo no es endurecer las medidas, sino evitar que se produzcan infracciones por desconocimiento. La primera denuncia llegó el mismo día de la caída de la Verja La advertencia del Gobierno llega después de que el pasado 15 de julio se registrara el primer incidente relacionado con el nuevo escenario fronterizo. Según informó GBC News, un taxista español fue denunciado por la Royal Gibraltar Police (RGP) después de prestar un servicio comercial dentro del Peñón sin disponer de la correspondiente licencia local. El conductor, procedente de Alhaurín el Grande (Málaga), fue localizado en pleno centro de Gibraltar, donde dos taxistas gibraltareños bloquearon físicamente su vehículo para impedir que continuara prestando servicio mientras avisaban a la Policía. Los agentes acudieron al lugar y levantaron un acta por ejercer una actividad comercial sin autorización. Los profesionales del taxi aseguraron a GBC que aquel no fue un caso aislado, sino el segundo incidente de características similares detectado durante la primera jornada de aplicación del tratado, lo que disparó la preocupación del sector ante un posible aumento del intrusismo profesional. Multas, inmovilización y retirada del vehículo El Ejecutivo gibraltareño insiste en que la entrada en vigor del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea no ha modificado la normativa que regula el transporte público de viajeros. Los taxistas españoles pueden acceder al Peñón como cualquier otro conductor particular, pero no pueden recoger pasajeros ni prestar servicios comerciales salvo que dispongan de una licencia expedida por las autoridades de Gibraltar. En caso de incumplimiento, los infractores se exponen al levantamiento de actas, sanciones económicas e incluso a la inmovilización o retirada del vehículo mediante grúa. La postura coincide plenamente con la defendida por la Asociación de Taxistas de Gibraltar, que desde la firma del tratado viene reclamando garantías para proteger su actividad económica. El colectivo considera que la desaparición de la Verja no altera el régimen de licencias y ha obtenido del Gobierno el compromiso de reforzar la vigilancia en los accesos y desplegar inspectores para impedir que se consolide cualquier forma de competencia ilegal.