Los casos de descendientes de exiliados son casi anecdóticos; la mayoría se nacionalizaron a través de la disposición dictada por el Gobierno"

Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya podemos dar por hecho que la DANA se ha ido, pero ha dejado un panorama de siete personas fallecidas y cuantiosos daños materiales que ya veremos si puede cubrir la Generalitat Valenciana o si el Gobierno declara aquella zona como zona catastrófica. Ayer la visitó Sánchez; por lo tanto, fue todo menos catastrófico. Quienes organizaban la visita se ocuparon de colocar alrededor a los militantes locales de los pueblos vecinos para que le vitorearan. Luego había un cordón de seguridad y, al fondo de este, quienes gritaban lo contrario. Era muy curioso: unos aplaudiendo con el «Sánchez, Sánchez, afición» y los otros protestando. Hoy estamos a la espera del pleno del Tribunal Constitucional para salir de dudas sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, a quien el Gobierno encargó presentar dicho recurso para sortear las medidas cautelares que el Tribunal Supremo impuso a la ley de nieto. Se trata de una trampa preparada a través de una instrucción prevaricadora de Sofía Puente, cuya dimensión y perversión aún desconocemos por completo. Existen filtraciones desde el propio Constitucional y la prensa afín que apuntan a que se desestimará por prematuro, al no haberse agotado la vía ordinaria. No hay precedentes de que el Defensor del Pueblo presente recursos de amparo ante decisiones judiciales con causas vivas que los afectados pueden recurrir por el trámite ordinario. Veremos si estamos ante eso o ante un nuevo enfrentamiento entre el Supremo y el Constitucional. El meollo de esta controversia inédita ha sido la ley de amnistía, que ayer entró definitivamente en vigor para los políticos que malversaron dinero público para organizar la sedición, borrándoles los delitos a cambio de hacer presidente a Pedro Sánchez mediante un pacto corrupto. El Supremo ha tenido que acatar la resolución del Constitucional, pero ha dejado por escrito su denuncia sobre los excesos cometidos por Conde-Pumpido y su equipo. El Supremo acata, pero señala que el Constitucional desdibuja el diseño de equilibrios institucionales fijado por la propia Constitución. Se trata de una crítica feroz hacia Conde-Pumpido, quien afirmaba que criticarle a él era criticar a la democracia. El Supremo advierte que la retórica del Constitucional va en contra de su propia jurisprudencia tradicional de contención, recordando que el TC es un órgano político y no un tribunal de casación jurisdiccional. Conde-Pumpido no solo ha retorcido la Constitución para encajar la amnistía, sino también la división de poderes para privar a la justicia de interpretar el delito de malversación. Hoy veremos qué ocurre con la 'ley de nietos' y con el intento de pucherazo electoral organizado por el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo abogó ayer por reformar el sistema de voto de los residentes en el extranjero, vinculándolo de forma sensata a haber tenido algún periodo de residencia efectiva en España. Asimismo, los populares han amenazado con querellarse contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por negarse a cumplir el mandato del Supremo de informar sobre los expedientes afectados por las cautelares. Hace casi mes y medio que el Supremo dictó esa orden y el Gobierno sigue sin remitir información. Lo que exigía el Supremo era discriminar entre quienes obtuvieron la nacionalidad demostrando ser descendientes directos de exiliados y quienes la obtuvieron mediante la instrucción de Sofía Puente. Los consulados están revisando los expedientes y la práctica totalidad de las decenas de miles analizadas corresponden a la instrucción del Gobierno, siendo anecdóticos los casos de verdaderos exiliados. Estamos ante un gigantesco fraude con el censo electoral fruto de una política de regalar la nacionalidad a gente sin vínculo real con nuestro país. Se da la circunstancia de que un ciudadano cubano no puede votar en Cuba pero sí podrá votar en España. Por otra parte, se analiza el posible entendimiento entre PP y Vox para asegurar la mayoría en el Senado, aunque para ello Vox tendría que retirar candidaturas en diversas provincias. Estos pactos y disputas generan malestar en agrupaciones socialistas de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Mientras tanto, el Gobierno continúa con sus «martes electorales», utilizando dinero público para comprometer gasto futuro, como la subida del 4,5% del sueldo a los funcionarios.