Qué esperamos de los países miembros de la OEA

La solicitud de Estados Unidos de convocar una reunión de cancilleres dentro de la Organización de Estados Americanos es un intento de crear una respuesta colectiva de condena al régimen de Ortega. Sin embargo, el ámbito de acción de esta organización presenta numerosas limitaciones para lidiar con regímenes como el de Ortega-Murillo. En este sentido, la acción multilateral debe recomendar la decisión unilateral de cada Estado miembro para presionar y cambiar de rumbo dictatorial de Nicaragua. Una OEA desgastada y con poco colmillo La OEA se encuentra en su punto más débil en la historia de la organización. Sus Estados miembros comparten menos los principios y compromisos adquiridos. La Carta Democrática dejó de ser la referencia insignia de la organización, al igual que su labor operativa en diversos ámbitos. Los Estados miembros le han ido restando credibilidad, en parte porque la complejidad política internacional ha abarcado a muchos países cuyos compromisos democráticos, de respeto al estado de derecho, de rendición de cuentas, han sido subordinados a los procesos de polarización, populismo y desinformación. Al mismo tiempo, desde el período de José Miguel Insulza el consenso de apoyar el liderazgo del Secretario General ha ido disminuyendo, en gran parte porque su perfil no ha contado con la capacidad de desarrollar los principios regidores de la misión de la OEA. El actual Secretario General cuenta con menor credibilidad y apoyo en la historia reciente de esta organización. Finalmente, hay un punto medular del multilateralismo en las Américas: su carácter estrictamente no intervencionista. El artículo 20 estipula que “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.” Este artículo, refleja un deseo de resolver controversias de manera negociada y pacífica y de prevenir que las grandes potencias hagan uso de la fuerza contra otros Estados. Ha sido un factor que ha debilitado la voluntad política de los países, especialmente en una región con una historia plagada de dictaduras y regímenes militares. Uno de los pocos instrumentos coercitivos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en tiempos de la Guerra Fría (1947), podría usarse para interpretar la agresión de Nicaragua contra la soberanía popular, incluyendo el crimen transnacional que abarca la incursión en territorios extranjeros para ejecutar a nicaragüenses y, de esa manera, actuar de forma proporcional a la magnitud de las transgresiones que han cometido Murillo y Ortega. Sin embargo, el TIAR perdió su peso hace muchos años, y más con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, cuando ningún Estado parte se atrevió, hizo referencia o recordó el mismo tratado. Nicaragua y la OEA En el contexto de la crisis de Nicaragua, el trabajo de los estados miembros se ha distinguido por un firme apoyo a la democratización del país, pese a las transgresiones de sus obligaciones en el sistema interamericano. Desde el encarcelamiento de los líderes cívicos y la invasión a las instalaciones propiedad de la entidad, la OEA adoptó medidas condenatorias por consenso. Sus esfuerzos diplomáticos han chocado contra el muro aislacionista y dictatorial de Nicaragua, que ha rechazado la presencia de entidades regionales de derechos humanos, de misiones de alto nivel, y decretó su salida del organismo. Sin embargo, los Estados miembros carecen de otros instrumentos que vayan más allá de ‘condenar’, ‘exhortar’, ‘urgir’ o ‘llamar’ a Nicaragua a que se porte bien. Estas acciones reflejan que el sistema multilateral es ineficaz ante la presencia de las dictaduras del siglo XXI. No es solo el caso de Nicaragua, sino también de Venezuela y Cuba. Y tampoco ha logrado ejercer presencia, liderazgo y cooperación frente a la crisis haitiana. Esta realidad contrasta con el interés de grupos cívicos nicaragüenses en seguir trabajando dentro del espectro interamericano, incluso abogando por que la OEA reconozca la ilegitimidad del régimen, citando como ejemplos los precedentes de acciones multilaterales en torno a Honduras (2009) y Venezuela (2002). Sin embargo, la postura de los Estados sobre Nicaragua ha sido la de no intervenir más allá de lo diplomático y no ha llegado muy lejos en la aplicación de los artículos de la Carta Democrática. El principio antiintervencionista ha prevalecido, independientemente de la lectura individual de cada Estado que, en su mayoría, si cree que Nicaragua está gobernada ilegítimamente. El rol de Estados Unidos En Estados Unidos, la propuesta de ampliar su posición en el marco multilateral se presenta en un entorno dividido en la administración Trump respecto de su política internacional. La perspectiva dominante es seguir el curso de acción en el Medio Oriente e Irán, y mantener la atención y los recursos en esa dirección, seguida de las otras prioridades de consumo electoralista (como la migración, narcotráfico, comercio exterior y China). Y aunque el secretario Rubio condena a la dictadura de Nicaragua y ha hecho un “llamado a la acción”, sus asesores tienen la instrucción de mantener bajo perfil y llevar a fuego lento el tema de Nicaragua, hasta cuando le pueda dedicar más tiempo: cuando se logre bajar la intensidad de la guerra en Irán y contar con una solución sobre Cuba. En segundo lugar, en el Departamento de Estado y Seguridad Nacional hay un debate sobre cómo presionar a Nicaragua y para qué. La voluntad política de la administración choca con una oposición cívica fragmentada, desorganizada y poco propositiva, a la que se le concede menos acceso político por su falta de consistencia. Para otros, el asunto cae dentro del espectro de lo que Elbridge Colby se refirió como el ‘realismo flexible’ que prioriza la lucha contra lo que la administración etiquetó como ‘narcoterrorismo’ y ubica a Nicaragua como poco amenazante, sea porque el país carece de redes narcotraficantes desarrolladas como en la zona Sur de América, o porque su economía no está en crisis ni colapsada. Estos problemas han generado un desacuerdo e incluso un congelamiento de la acción en relación con Nicaragua. La posibilidad de que se resuelva este debate es muy alta, pero los plazos son inciertos. Finalmente, está el qué hacer. Hay una opción ‘nuclear’ de sentar a Nicaragua ya, y está la ‘convencional’ de trabajar poco a poco, según el desarrollo de la inercia misma. En este momento, es importante que la administración sea consistente entre su política exterior frente a Irán y China, y la extienda contra un país que ha expresado profunda lealtad a China, Irán y Rusia. De lo multilateral a lo unilateral en las Américas Es poco probable que la reunión del miércoles 4 de agosto concluya con una decisión colectiva de presionar material y coercitivamente a Nicaragua, ya que la organización carece de los instrumentos necesarios para hacerlo. Pero los cancilleres se reunirán y condenarán a Nicaragua. Sin embargo, la propuesta más realista a corto plazo en el ámbito diplomático multilateral de Estados Unidos es que tanto el secretario Rubio como el subsecretario Christopher Landau recomienden conformar un nuevo Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, encargado de emitir recomendaciones concretas de acción multilateral, con un plazo de ejecución anterior a la conclusión de las llamadas “consultas” que Rosario Murillo está realizando a la fuerza dentro del país. Mientras tanto, el Departamento de Estado designe a un Enviado Especial para Nicaragua que se encargue de trabajar con los principales aliados, empezando por aquellos que han formado parte del Escudo de las Américas. El trabajo del Enviado Especial debe centrarse en conformar una posición y una política comunes de acciones unilaterales respecto de Nicaragua. Estas acciones incluyen, llamar a consulta a los embajadores de sus países, evaluar su participación en cualquier tipo de actividad en la que Nicaragua esté presente; y reconsiderar la cooperación económica y comercial con ese país, si esa relación ayuda a la dictadura. Los países de Centroamérica y los empresarios privados están mas que preocupados por la situación en Nicaragua porque la radicalización del régimen está afectando sus actividades económicas, ya que algunos han sido impedidos de entrar al país, y otros han reducido sus operaciones. Por ejemplo, había treinta empresas centroamericanas en la zona franca (de 190), y al menos tres de 20 de las que han dejado de operar provenían de la región. También los Estados miembros pueden considerar, como algunos lo han hecho, adoptar las sanciones impuestas por Canadá, la Unión Europea, y Estados Unidos y homologarlas dentro de la autoridad financiera de cada uno de sus países y presionar a los cómplices del régimen, incluyendo a China, por ser parte de una red de corrupción, cleptocracia y represión sistemática. Finalmente, y a pesar de su relativa fragmentación, los Estados latinoamericanos pueden reconocer, y materializar su apoyo, a los grupos cívicos independientes que abogan por una transformación democrática en Nicaragua. Las transgresiones de Nicaragua son graves y masivas, y es lamentable que el estado de alarma mundial se produzca hasta que Ortega anunciara la cancelación de las elecciones, a pesar de que esta provocación es solo una formalidad dentro de la ruta totalitaria de la sucesión dinástica que se viene denunciando desde 2023. El compromiso de los Estados miembros del Sistema Interamericano no termina dentro de la OEA, y su acción unilateral abarca la aceptación de que la democracia establece el equilibrio entre las dos caras de la soberanía: estatal, del Leviatán, y popular, de autodeterminación, donde la una se apoya en la otra, y el desequilibrio es lo que causa la inestabilidad nacional y regional. Estas recomendaciones mínimas son consistentes con el llamado a la acción por parte de la administración Trump de una movilización regional contra Nicaragua, y coinciden con la lectura de Jane Kirkpatrick, quien exigía mayor acción sobre regímenes como el de Nicaragua.